Colombia ha venido desarrollando un ambicioso programa de inversión en infraestructura en el cual se han sumado esfuerzos públicos (institucionalidad, buenas prácticas en adjudicaciones, estudios preliminares con mejores niveles de detalle) y privados (experiencia en ejecución, consecución de financiación, agilidad en toma de decisiones) con el propósito de ejecutar vías en doble calzada, rehabilitar calzadas existentes, mejorar alineamientos y contribuir a la competitividad del sector productivo nacional. Este esfuerzo conjunto, conocido como Asociaciones Público Privadas para la ejecución de las  vías de cuarta generación (4G), se ha desarrollado bajo las premisas de la Ley 1508 de 2012 (Ley de APPs) y demás decretos reglamentarios. Los montos de inversión incluidos en el programa son superiores a los $ 40 billones, lo que lo hace el programa más ambicioso en el desarrollo de infraestructura en décadas y se espera que sus beneficios se reflejen en mayores índices de competitividad y crecimiento económico para el país.

 

Sin embargo el programa ha tenido que afrontar dificultades relevantes y que ameritan ingentes esfuerzos para garantizar su continuidad y éxito. Entre las principales dificultades se encuentra el licenciamiento ambiental, gestión predial, relaciones con comunidades y desde hace unos meses el escándalo de corrupción que ha afectado la confianza del sector financiero en los proyectos de APP de infraestructura, lo cual ha retrasado los cierres financieros y por ende el normal avance en los programas de ejecución de obra. El gobierno nacional, consciente de esta problemática emitió la Ley de Infraestructura (Ley 1682 de 2013) y dicha ley generó alivio entre los participantes del programa de 4G para resolver algunas de estas dificultades en los proyectos, en particular temas prediales y de redes de servicios públicos. Las consultas con comunidades siguen siendo elementos de riesgo para la viabilidad del proyecto, pero en general las buenas gestiones del gobierno y de los concesionarios han permitido avanzar en este frente. Sin embargo, hoy en día el principal reto es retomar la confianza por parte del sector financiero y de la comunidad en general sobre el programa, sus concesionarios y los funcionarios públicos al frente de este importante reto. No existen leyes que impidan a un individuo actuar de forma corrupta y en detrimento de todo un programa orientado al desarrollo del país. La mayoría de los funcionarios y contratistas son personas y entidades con altos estándares éticos y de comportamiento. Lastimosamente el comportamiento de pocos afecta una iniciativa tan valiosa y necesaria. Es necesario retomar la confianza en el programa y mostrar los resultados de ejecución para brindar tranquilidad a los usuarios y a quienes proveen los fondos necesarios para que el programa sea una realidad e irradie todos los beneficios ya descritos.